miércoles, febrero 28

Congreso revisará concesión de servicios turísticos en ruta Cusco – Machu Picchu

Un grupo de trabajo del Congreso de la República analizará el contrato de concesión Perú Rail y los servicios turísticos de la ruta CuscoMachu Picchu, labor que deberá concluir en el mes de junio con la presentación del respectivo informe final.

El equipo parlamentario está encabezado por la congresista Rebeca Cruz Teves e integrado por los legisladores Armando Villanueva Mercado y Ana María Choquehuanca.

“El grupo de trabajo realizará el análisis del contrato y adendas de la ruta operada por la empresa Perú Rail y examinará los contratos de concesión de los servicios turísticos que se prestan en la ruta Cusco-Machu Picchu e identificará al concesionario y a los operadores actuales de dicho tramo2, dijo la congresista Cruz Téves.

Del mismo modo se identificará a los concesionarios con los cuales el Estado peruano celebró contratos de concesión de los servicios turísticos (hotel, servicios higiénicos, transporte y demás) que se ofrecen en la ruta Cusco-Machu Picchu y los operadores de dichos servicios.

El Congresista Armando Villanueva Mercado pidió revisar el contrato de concesión del Hotel Cusco y la situación en la que se encuentra actualmente. “Este hotel está en una situación muy difícil. Resulta que perteneciendo a la Beneficencia Pública de Cusco tenemos como más de 18 años pendiendo de su refacción, puesta en valor, en condiciones de prestar servicio. Una concesión decidida y realizada entre gallos y media noche debe ser revisada”, subrayó el legislador.

Con la información obtenida el grupo de trabajo hará los análisis pertinentes y evaluará el nivel de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario y sus operadores de dichos servicios. También determinará la necesidad de proponer modificaciones contractuales o proyectos de ley con el propósito de mejorar el transporte y los servicios turísticos de la ruta Cusco-Machu Picchu.

“El grupo de trabajo tendrá la posibilidad de determinar la existencia, si la hubiera, de presuntas irregularidades e infracciones administrativas, civiles y penales de los servidores públicos de las diversas entidades públicas relacionadas, así como de los concesionarios y sus operadores que resulten civilmente responsables”, agregó la legisladora.

También recopilará información de entidades públicas como la Contraloría General de la República, Proinversión, Ositran, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Trasandino SAC, Perú Rail, operadores logísticos públicos y privados, entre otros. (RMD)

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